Pilotos de puerto alistan acciones legales por presunto abuso de autoridad.
Sandra Sosa/Altamira
Cinco pilotos de puerto anunciaron que presentarán demandas civiles y una denuncia penal tras los cateos realizados en marzo pasado, en los que les fueron asegurados vehículos que aseguran compraron con recursos de su trabajo.
Acompañados por sus abogados, sostienen que las unidades fueron transferidas legalmente a su nombre y niegan contar con órdenes de aprehensión.
Además, afirman que los operativos les ocasionaron daños económicos y afectaron su imagen, por lo que buscarán la reparación del daño y que se investigue el presunto abuso de autoridad.
En conferencia de prensa, acompañados por sus abogados Tomás Jesús González Santiago y Dulce María Torres, los afectados afirmaron que las unidades no son propiedad del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, Delegación Tampico, sino que fueron compradas con el salario que cada uno percibía como piloto de puerto.
La defensa explicó que, por un esquema interno del sindicato, los ingresos de los trabajadores eran administrados por la organización, la cual efectuaba los pagos correspondientes y, cuando un piloto adquiría un vehículo, realizaba la transferencia directamente a la agencia automotriz con recursos pertenecientes al trabajador.
Aunque las facturas originales quedaron a nombre del sindicato, los abogados señalaron que posteriormente los vehículos fueron legalmente transferidos a favor de sus propietarios, por lo que consideran que el aseguramiento de las unidades carece de sustento.
Expresó que el conflicto se originó después de que los cinco pilotos decidieron separarse de la organización sindical, situación que derivó en la disputa por la propiedad de los automóviles.
Los afectados señalaron que durante la ejecución de los cateos participaron elementos de la Secretaría de Marina y otras corporaciones de seguridad, quienes ingresaron a sus domicilios para cumplir las órdenes judiciales.
La defensa informó que además de reclamar la reparación del daño por la vía civil, presentará una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, al considerar que la investigación y los cateos se realizaron con información incompleta respecto a la propiedad de los vehículos.
