Gloria Molina acusa a Cabeza de Vaca de controlar contratos durante su administración en Tamaulipas
Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA. – La ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, rompió el silencio y señaló directamente al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como el presunto responsable del control político y económico de contratos asignados durante su administración.
En un video difundido este lunes en redes sociales, la exfuncionaria afirmó que varias empresas beneficiadas con contratos de obra y servicios estaban presuntamente vinculadas con el empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”.
Molina Gamboa, quien encabezó la Secretaría de Salud entre 2017 y 2022, explicó que decidió hacer pública su versión luego de enfrentar denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante el sexenio anterior. Sostuvo que las investigaciones han colocado el foco en funcionarios subalternos, mientras que quienes presuntamente tomaban las decisiones permanecen fuera del alcance de las indagatorias.
Según su declaración, al asumir la dependencia se estableció una división de funciones: ella atendería los asuntos técnicos y operativos, mientras que el entonces gobernador tendría el control de la proveeduría y de los contratos considerados de interés económico o político, mediante la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
La Ex Secretaria aseguró que recibió instrucciones para adjudicar contratos a empresas de los grupos Industrial Permar y Joser, a los que vinculó con Carmona Angulo. También afirmó que esas indicaciones eran conocidas y supervisadas por Alejandro Aguilar Bowner, quien se desempeñaba como subsecretario de Administración y Finanzas.
“No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda”, declaró Molina Gamboa. Sin embargo, cuestionó que las denuncias se dirijan contra servidores públicos de menor nivel y no contra quienes, de acuerdo con su testimonio, emitían las instrucciones y tenían el control de las decisiones.
La exfuncionaria, quien dijo contar con más de 35 años de servicio público, exigió investigar toda la cadena de mando relacionada con los contratos y pidió que cualquier amenaza, intimidación o afectación contra ella o su familia sea analizada a la luz de su denuncia pública. Las acusaciones corresponden a su versión de los hechos y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
