Desapariciones en México y acusaciones sobre cárteles generan atención y cuestionamientos internacionales
México enfrenta nuevos cuestionamientos internacionales sobre la crisis de personas desaparecidas y los posibles vínculos entre organizaciones criminales y redes de entrenamiento militar en el extranjero, en medio de señalamientos que requieren investigaciones y pruebas independientes.
Durante una intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, reconoció que en algunos casos de desaparición en México han participado autoridades municipales, además de grupos delictivos.
El funcionario defendió las acciones emprendidas por el Gobierno federal y señaló que durante 2026 se han localizado más de 16 mil personas. Sin embargo, la cifra requiere información complementaria sobre las circunstancias de esas localizaciones, mientras el registro oficial supera las 130 mil personas desaparecidas y no localizadas.
La discusión se desarrolla después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitara que la situación mexicana sea considerada por la Asamblea General, al advertir indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El procedimiento no representa, por sí mismo, una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
A este escenario se sumaron declaraciones de la Cancillería rusa, que acusó a Ucrania de haber entrenado militarmente a por lo menos 80 integrantes de cárteles mexicanos, particularmente en el manejo de drones de combate y otras tácticas militares.
Según la versión difundida por Moscú, integrantes de organizaciones criminales habrían viajado a Ucrania para recibir capacitación y existirían funcionarios ucranianos que conocían esas actividades. No obstante, hasta el momento de los reportes consultados, Rusia no había presentado pruebas públicas independientes suficientes para corroborar sus señalamientos, ni se había difundido una respuesta oficial concluyente de las autoridades ucranianas.
La denuncia rusa se produce en un contexto de preocupación por el uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales. En México, las autoridades han documentado el empleo de estos dispositivos en actividades delictivas, pero esa circunstancia no confirma que integrantes de cárteles hayan recibido entrenamiento militar en Ucrania.
Ambos asuntos colocan sobre la mesa desafíos distintos, pero relevantes para la seguridad nacional: por un lado, la obligación de investigar las desapariciones, esclarecer la posible participación de servidores públicos y garantizar justicia a las familias; por otro, la necesidad de verificar cualquier indicio de cooperación internacional entre grupos criminales y actores extranjeros.
La información disponible exige distinguir entre hechos reconocidos por autoridades mexicanas, evaluaciones de organismos internacionales y acusaciones formuladas por el Gobierno ruso. Convertir estas últimas en hechos confirmados sin evidencia verificable podría distorsionar el debate público.
Lo que sigue: será necesario conocer las medidas que adopte la ONU respecto a la situación de las desapariciones en México, obtener datos detallados sobre las personas localizadas durante este año y determinar si las acusaciones rusas cuentan con evidencia que pueda ser examinada de manera independiente.
