Crisis en el INE escala: Morena disputa sucesión de Taddei y la ASF abre revisión histórica de contratos
La crisis que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) se extiende del terreno político al ámbito judicial y de fiscalización. Mientras Morena y la oposición mantienen diferencias sobre las reglas para elegir a la nueva presidenta del organismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció investigaciones sobre contrataciones realizadas durante los últimos 25 años.
La convocatoria para elegir a la sucesora de Guadalupe Taddei fue aplazada una semana ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados. El PAN presentó ocho propuestas para reforzar la transparencia del procedimiento, entre ellas mecanismos de vigilancia sobre el comité evaluador y cambios a las facultades de la Presidencia del INE.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, manifestó su intención de alcanzar un consenso, aunque advirtió que su bancada podría recurrir a la mayoría legislativa si no se destraba la negociación.
En paralelo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Taddei y otros funcionarios, por presuntos delitos relacionados con cohecho y tráfico de influencias. Por separado, las consejerías del INE acordaron preparar una denuncia institucional para solicitar investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas y contrataciones.
El conflicto adquirió otra dimensión luego de que la ASF anunciara tres líneas de fiscalización: investigaciones de oficio sobre contrataciones del INE y los organismos electorales locales, una revisión histórica de adquisiciones entre 2000 y 2025 y una auditoría integral al gasto del organismo nacional y los OPLE.
La revisión busca identificar posibles concentraciones de proveedores, simulación de competencia y prácticas irregulares en el ejercicio de recursos públicos.
El fondo del conflicto es la credibilidad del árbitro electoral. La renovación de su Presidencia y el esclarecimiento de las contrataciones serán pruebas fundamentales para garantizar que las elecciones de 2027 se organicen bajo condiciones de autonomía, transparencia y confianza pública.
Los señalamientos y denuncias deberán resolverse mediante investigaciones y pruebas, no mediante condenas anticipadas.
