EL PODER TAMBIÉN TIENE QUE RENDIR CUENTAS

Por Jaume Osante

A ver, en política hay algo que se repite con demasiada frecuencia, másde lo que debería: mientras un partido está en la oposición, exige transparencia, reclama investigaciones y pide que se castigue a quienes hayan cometido alguna irregularidad. Pero cuando ese partido llega al gobierno, las cosas suelen cambiar. Las explicaciones se retrasan, las responsabilidades se vuelven raras y aquello que antes parecía urgente termina perdiéndose entre declaraciones y justificaciones.

Esto es alarmante pero no es exclusivo de un partido ni de un solo país.

En México, y particularmente en Tamaulipas, hay varios casos que vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que debería ser obligatoria para cualquier gobierno: ¿quién vigila a quienes ejercen el poder y qué ocurre cuando no cumplen con su responsabilidad? O como trilladamente dicen ¿Quién vigila a quienes vigilan? Ok.

Porque gobernar no significa disponer de los recursos públicos como si fueran propios. Cada peso tiene un origen, cada decisión tiene consecuencias y cada funcionario debe estar dispuesto a explicar lo que hace. No debería haber excepciones por cargo, partido o cercanía política. Vulgarmente llamado «Compadrasgo».

Veamos lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral (INE). Su Órgano Interno de Control informó sobre SEIS denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias. En reportes periodísticos se ha mencionado a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del organismo, entre las personas que podrían estar involucradas.

Hay que ser cuidadosos: una denuncia no demuestra culpabilidad. Eso tendrá que determinarlo la autoridad correspondiente. Pero tampoco sería correcto minimizar el asunto o dejarlo pasar como si se tratara de un trámite más, e ignorar toda la información que corre en medios nacionales.

LO QUE HACE FALTA es conocer qué contratos están bajo revisión, cómo fueron asignados, qué empresas participaron y quiénes tuvieron facultades para autorizar esas operaciones.

El INE es una institución fundamental para la vida democrática del país. Su credibilidad también depende de que pueda aclarar las dudas que surjan sobre su propio funcionamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen una responsabilidad en este terreno. No deberían permitir que una investigación de esta naturaleza termine convertida en pleito partidista O CHISME DE VECINDAD. Lo que corresponde es garantizar que las autoridades actúen y que las conclusiones se conozcan. La corrupción, cuando se acredita, es corrupción sin importar el color político de quien resulte responsable.

Y BUENO, en Tamaulipas, mientras tanto, hay un asunto que no debería perderse entre la agenda diaria y las declaraciones oficiales: la muerte de Aranza Aidelany, una niña de siete años, durante un operativo de seguridad en Matamoros.

La Fiscalía estatal informó que los peritajes balísticos relacionaron el proyectil con un helicóptero de la Guardia Estatal como ya se conoce. Después, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos eran investigados. En sus declaraciones, señaló que continuaban en funciones y que hasta ese momento no había personas detenidas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha dicho que la Fiscalía dispone de videos y otros elementos para esclarecer lo ocurrido. Entonces, lo que sigue es conocer los resultados. ¿Cómo se produjo el disparo? ¿Qué sucedió durante el operativo? ¿Qué responsabilidad tuvieron los elementos y sus mandos? Esclarecer todo y por dolorosos que sea, dar vuelta a la hoja como se ha hecho con miles de casos similares en el país. Los 47 de Ayotzinapa, los mineros, y mil temas más.

SON PREGUNTAS LEGÍTIMAS. Detrás de este expediente hay una familia que perdió a una niña y una sociedad que merece saber qué pasó, NO POR MORBO, POR MERA SEGURIDAD. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, pero tampoco de conformarse con que se anuncie una investigación y después no haya información suficiente. La justicia no puede depender de cuánto tiempo permanezca un caso en la conversación pública o como decimos aquí: POR LOS AIRES.

Otro asunto que merece seguimiento está en el terreno electoral. La Auditoría Superior de la Federación solicitó información al Instituto Electoral de Tamaulipas sobre el ejercicio de los recursos de 2025, cuando se realizó la elección judicial local. El consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, manifestó su disposición para entregar la documentación requerida.

ASÍ DEBE DE SER. Una solicitud de información de los órganos fiscalizadores no tendría por qué verse como un ataque. Es parte de las obligaciones de cualquier institución que maneja dinero público. Lo importante será conocer qué se revisa y si existen observaciones que deban solventarse. La ciudadanía también está obligada a cuestionar y no quedarse callada.

En Nuevo Laredo también hay una cifra que merece atención. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la aprobación del proyecto de Ley de Ingresos para 2027, por un monto superior a los cinco mil 169 millones de pesos.

Es una cantidad considerable. Pero más allá del tamaño del presupuesto, lo que interesa a los ciudadanos es saber cómo se va a ejercer. Cuánto irá a obras, cuánto a servicios, qué necesidades tendrán prioridad y de qué manera se comprobará que el dinero llegó a donde debía llegar. Aprobar una cifra es apenas el principio; después vienen el gasto y la obligación de explicar esos resultados.

Y BIEN, son asuntos diferentes, ocurren en instituciones distintas y tienen sus propias circunstancias. Sin embargo, TODOS conducen a una misma exigencia: las autoridades tienen que rendir cuentas. No alcanza con anunciar que hay investigaciones, presentar presupuestos o informar sobre inversiones. Hay que mostrar documentos, aclarar dudas y entregar resultados.

Y esto vale para todos. Lo mismo para quienes gobiernan que para quienes aspiran a hacerlo. La transparencia no puede aparecer solamente cuando conviene señalar al adversario. Tampoco puede desaparecer cuando las preguntas apuntan hacia las propias filas.

Conforme se acerque 2027, seguramente veremos más discursos, promesas y acusaciones. La disputa por las candidaturas y los espacios de poder ocupará buena parte de la conversación política. Pero sería un error que todo terminara reducido a ese enfrentamiento, mientras la inseguridad, los servicios deficientes, las necesidades de infraestructura y otros problemas siguen esperando soluciones, así como lo publiqué hace días sobre las «Marranadas» de la guerra sucia o fuego amigo. Si puede busquela, es una muy apropiada reflexión del tema.

Ningún partido puede adjudicarse la honestidad como una propiedad exclusiva. Y tampoco la oposición puede reclamar para sí el derecho único de vigilar al gobierno. La exigencia debe ser la misma para todos, incluso cuando incomoda a quienes tienen el poder en sus manos.

Al final, los cargos son temporales. Los funcionarios llegan, toman decisiones y tarde o temprano se van. Lo que permanece es la obligación de responder por lo que hicieron, por el dinero que administraron y por las consecuencias de sus decisiones.

La confianza de la gente no se recupera con discursos ni con buenas intenciones. Se gana cuando hay explicaciones, cuando los errores se reconocen y cuando las responsabilidades se asumen. Lo demás son palabras huecas que el viento se lleva…

Y porque callar tsmbien es decidir… Ahí se los dejo, para pensarlo con calma, o con coraje.

Saludos cordiales.