TAMAULIPAS: SANCIONES, CUENTAS PENDIENTES Y RECURSOS BAJO LA LUPA
○ Sancionan a exfuncionario federal por un convenio presuntamente simulado con una persona fallecida.
○ La Auditoría Superior reactiva seis expedientes que estaban cerca de prescribir.
○ En Ciudad Madero, 14 exfuncionarios obtienen amparos mientras siguen pendientes aclaraciones millonarias.
○ Residuos vinculados con SpaceX llegan a Playa Bagdad y el INE alista personal para 2027 en N.L.
Por Jaume Osante
● Inhabilitan a funcionario por convenio irregular con una persona fallecida
Un caso de presunta corrupción en el sector agrícola de Tamaulipas terminó con una sanción de diez años de inhabilitación para un servidor público identificado como Eduardo M., adscrito a la entonces Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de una investigación sobre un convenio de 2018 que habría sido simulado utilizando los datos de una persona fallecida para transferir a una empresa un apoyo de riego tecnificado por 330 mil pesos.
La empresa involucrada, identificada como R., recibió una inhabilitación de un año. Además, se determinó una sanción económica solidaria por el monto del apoyo.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las resoluciones derivaron de investigaciones por faltas administrativas graves. Los sancionados conservan el derecho de impugnarlas y, hasta ahora, no se ha informado públicamente si la determinación quedó firme.
El caso obliga a revisar cómo se autorizó el convenio, quién verificó la documentación y qué controles permitieron que un apoyo público se tramitara mediante un documento relacionado con una persona fallecida.
Pregunta crítica: ¿Quién permitió que se validara ese convenio y qué garantías existen de que los apoyos destinados al campo lleguen realmente a los productores? NADA COMPARADO A LO SIGUIENTES.
● ASE reactiva seis expedientes que estaban cerca de prescribir
La Auditoría Superior del Estado (ASE) retomó seis expedientes de cuentas públicas anteriores que se encontraban en riesgo de prescripción, informó su titular, Francisco Noriega Orozco.
El funcionario explicó que la medida busca reactivar los procedimientos y darles continuidad ante las instancias correspondientes, para evitar que el vencimiento de los plazos legales cierre la posibilidad de investigar posibles irregularidades.
Sin embargo, todavía no se han revelado los municipios involucrados, los ejercicios fiscales específicos, los nombres de los posibles responsables ni los montos observados.
Noriega Orozco también presentó cifras generales de la fiscalización estatal: alrededor de 8 mil 500 millones de pesos en promociones de responsabilidad administrativa y casi 5 mil millones en pliegos de observaciones. Además, recordó que más de 500 cuentas públicas del periodo 2011-2017 fueron declaradas prescritas.
La reactivación de estos seis asuntos representa una oportunidad para evitar que las observaciones queden en el archivo, pero el verdadero resultado deberá medirse por las investigaciones concluidas, las responsabilidades acreditadas y, cuando corresponda, la recuperación de recursos públicos.
¿Por qué tuvieron que llegar seis expedientes al borde de la prescripción y cuándo conocerá la ciudadanía quiénes son los responsables y cuánto dinero está involucrado?
● Ciudad Madero: 14 exfuncionarios se amparan mientras persisten observaciones por casi 500 millones
La revisión de las cuentas públicas de Ciudad Madero, correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, mantiene bajo presión a la administración anterior encabezada por Adrián Oseguera Kernion.
El contralor municipal, Ricardo Pérez Monsiváis, informó que alrededor de 14 exservidores públicos promovieron amparos relacionados con los requerimientos de documentación para solventar observaciones. De acuerdo con los datos difundidos, permanecen pendientes de aclaración aproximadamente 481 millones de pesos: 211 millones correspondientes a 2023 y 270 millones a 2024.
La Contraloría también reportó tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entre los asuntos señalados se encuentran un presunto cobro de 15 millones de pesos por limpieza de lagunas, posibles adeudos fiscales cercanos a 25 millones y cuestionamientos sobre el manejo de recursos en efectivo del DIF municipal.
Es importante precisar que las observaciones de auditoría no acreditan por sí mismas un desvío, y los amparos son recursos legales a los que tienen derecho los exfuncionarios. Oseguera ha defendido anteriormente que una observación no equivale a una desviación de recursos.
Pero la discusión no puede quedarse en declaraciones encontradas. Se necesita conocer qué documentos faltan, qué operaciones están bajo revisión y qué avances existen en las investigaciones.
Mientras tanto la pregunta queda en el aire: ¿Quién responderá por los casi 481 millones de pesos pendientes de aclaración y qué hará la autoridad para evitar que el paso del tiempo termine sepultando las investigaciones?
● Residuos de SpaceX llegan a Playa Bagdad; Profepa buscará que la empresa responda
La explosión registrada durante una prueba del cohete Starship de SpaceX en Texas, el pasado 13 de noviembre, tuvo repercusiones en territorio tamaulipeco. Este martes comenzaron a llegar fragmentos a Playa Bagdad, en Matamoros, lo que activó la intervención de autoridades ambientales mexicanas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que sus inspectores acudieron a la zona para identificar los materiales y coordinar su aseguramiento. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la organización Conibio Global iniciaron labores de recolección.
De acuerdo con La Jornada, la organización ambiental reportó que hasta las 10:30 horas había recolectado más de mil 500 piezas de diferentes tamaños. Los materiales descritos incluyen fragmentos de plástico, cintas y componentes que la asociación identifica como partes del recubrimiento interno del propulsor.
Profepa anunció que solicitará a SpaceX hacerse responsable de los residuos y pidió a la población no manipularlos. La composición definitiva de los materiales y sus posibles consecuencias ambientales todavía requieren evaluación técnica.
El asunto no es menor para Matamoros y la costa tamaulipeca. Además de la limpieza, será necesario determinar si hubo afectaciones a la fauna, al ecosistema y a las actividades productivas de la región.
¿Quién medirá y hará público el impacto ambiental, y qué autoridad garantizará que SpaceX asuma los costos si se comprueba que sus operaciones ocasionaron daños en territorio mexicano? Habrá que verlo.
● INE prepara contratación de 180 trabajadores para las elecciones de 2027 en Nuevo Laredo
La organización del proceso electoral 2026-2027 comienza a tomar forma en Nuevo Laredo. El Instituto Nacional Electoral abrió una convocatoria para contratar a 180 personas que se desempeñarán como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.
El personal tendrá la tarea de visitar, notificar y capacitar a ciudadanos que podrían integrar las mesas directivas de casilla. De acuerdo con la información publicada, para la próxima elección se contempla instalar 591 casillas en el municipio fronterizo, 31 más que las 560 habilitadas durante el proceso electoral 2023-2024.
La contratación temporal está prevista para iniciar durante la última semana de enero y extenderse aproximadamente hasta el 14 de junio de 2027. El INE ofrece percepciones mensuales de 20 mil pesos para supervisores y 18 mil 500 para capacitadores.
El crecimiento previsto en el número de casillas exige una mayor estructura operativa, pero también obliga a vigilar que la selección del personal se realice bajo criterios de imparcialidad y profesionalismo.
En una elección donde estarán en juego alcaldías y diputaciones locales, la confianza ciudadana comienza mucho antes de acudir a votar: se construye con una organización transparente y autoridades electorales confiables.