Diputados aprueban presupuesto 2027 por 10.6 billones; INE enfrenta recorte de seis mil millones

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La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por un monto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, después de una discusión de aproximadamente 19 horas que concluyó con 352 votos a favor y 130 en contra. La mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respaldó el dictamen, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

 

Uno de los ajustes más controvertidos fue la reducción de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos recursos quedaron en aproximadamente 36 mil 274 millones de pesos. El dinero fue redistribuido entre distintos rubros, entre ellos educación, medio ambiente, infraestructura, atención a mujeres y búsqueda de personas desaparecidas. Las más de mil 700 reservas presentadas por los legisladores fueron rechazadas.

 

La decisión ocurre en un momento particularmente delicado para el organismo electoral, que enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE. El Órgano Interno de Control presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras por posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. Las denuncias no representan una sentencia ni acreditan responsabilidades penales.

 

Ante el ajuste presupuestal, la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y que no se contempla reducir el número de casillas. Explicó que el instituto revisará qué proyectos secundarios pueden aplazarse o ajustarse una vez que reciba formalmente el presupuesto aprobado.

 

La funcionaria también señaló que se mantendrán como prioridad la credencialización, los servicios a la ciudadanía y las actividades indispensables para organizar los comicios.

 

El recorte abre una discusión que va más allá de la austeridad presupuestaria: mientras las autoridades deben investigar cualquier posible irregularidad en el manejo de recursos del INE, también corresponde garantizar que el organismo conserve la capacidad operativa necesaria para organizar elecciones confiables. La transparencia en las investigaciones y la suficiencia presupuestal serán dos condiciones fundamentales para preservar la confianza ciudadana en la autoridad electoral.