INEGI reporta 3.5 millones de menores en trabajo infantil; persiste el reto de proteger su educación y derechos.
En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2025, equivalente al 12.6% de la población de ese grupo de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los resultados, dados a conocer el 21 de octubre y publicados por el sistema estadístico nacional el día 22, muestran que el problema continúa afectando a millones de menores, pese a las acciones dirigidas a proteger sus derechos y garantizar su permanencia en la escuela.
La encuesta permite identificar las características del fenómeno, las condiciones de los hogares y las diferencias entre grupos de población y entidades federativas.
Un problema que no se limita al empleo remunerado
El trabajo infantil comprende distintas situaciones, entre ellas la participación de menores en ocupaciones no permitidas por su edad o por las condiciones en que se realizan, así como la realización de quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.
Por ello, no todos los casos corresponden a empleos remunerados ni pueden evaluarse de la misma manera. La edad, los riesgos de la actividad, las horas dedicadas y la afectación a la educación son factores relevantes para determinar las condiciones en las que se encuentran los menores.
El INEGI señaló que la encuesta también permite observar diferencias entre poblaciones. Entre los datos reportados, 364 mil menores en situación de trabajo infantil hablaban una lengua indígena, 81 mil eran afrodescendientes y 76 mil tenían alguna discapacidad.
Un desafío para las políticas públicas
Entre 2015 y 2025, la población de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil pasó de 3.6 millones a 3.5 millones. La variación refleja una reducción limitada durante una década, por lo que el problema continúa representando un reto para las instituciones responsables de la protección de la infancia.
Los resultados plantean la necesidad de fortalecer la vigilancia de las condiciones laborales, apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan permanecer en la escuela.
También será importante revisar los datos por entidad federativa para identificar las zonas con mayor incidencia y orientar las acciones de prevención.
La encuesta ofrece una base estadística para evaluar las políticas públicas, pero sus cifras por sí solas no permiten determinar qué programas han sido eficaces ni cuáles son las causas específicas de cada caso.
