Camargo arde por protestas; violencia familiar, atención a víctimas y drenaje marcan agenda pública estatal 

○ Camargo enfrenta protesta que termina en incendio.

○ Gobierno refuerza atención a víctimas, crece violencia familiar.

○ Cynthia Jaime impulsa inspecciones sanitarias.

○ Olga Sosa dialoga con comunidades religiosas.

 

 

Por Jaume Osante

 

 

●Camargo: protesta por inseguridad termina con incendio en Palacio Municipal

 

La inconformidad ciudadana por la inseguridad y los presuntos abusos policiales escaló hasta convertirse en un episodio de violencia en Camargo. El pasado 10 de noviembre, un grupo de habitantes irrumpió en la Presidencia Municipal y se registró un incendio en el inmueble, durante una protesta en la que se exigían explicaciones a las autoridades.

 

Los reclamos estuvieron relacionados con presuntas actuaciones irregulares de elementos de la Guardia Estatal y con la percepción de inseguridad que prevalece entre sectores de la población. Los señalamientos forman parte de las demandas de los manifestantes y deberán ser investigados por las instancias competentes.

 

La alcaldesa Ernestina Perales Ortiz lamentó los daños ocasionados al edificio municipal y aseguró que intentó dialogar con quienes participaron en la movilización. Posteriormente, solicitó garantías de seguridad para ella, su familia y sus colaboradores, luego de denunciar insultos y actos de confrontación.

 

La edil también manifestó que entregaría videos relacionados con el incendio. El episodio deja pendientes preguntas fundamentales: qué originó la inconformidad, qué ocurrió durante la intervención policial, quiénes participaron en los daños y qué medidas se tomarán para atender las denuncias ciudadanas.

 

Más allá de los daños materiales, el conflicto exhibe la necesidad de que las autoridades escuchen los reclamos sociales y esclarezcan los señalamientos sobre posibles abusos. La protesta no justifica la destrucción de bienes públicos, pero tampoco puede utilizarse para ignorar las causas que llevaron a los habitantes a manifestarse.

 

●Gobierno estatal incorpora personal y equipo a la Comisión de Atención a Víctimas

 

En otro frente, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de nombramientos a nuevos asesores jurídicos y profesionales de psicología, además de equipo de cómputo para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

 

En el acto participó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, mientras que la directora general de la comisión, Lorena Perales Salinas, destacó que la incorporación de especialistas permitirá ampliar la capacidad de atención jurídica y psicológica.

 

La medida busca mejorar el acompañamiento a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el fortalecimiento institucional tendrá que reflejarse en resultados concretos: atención oportuna, asesoría suficiente y seguimiento efectivo de los casos.

 

El Gobierno estatal no detalló en el comunicado cuántas plazas se incorporaron ni el monto de los recursos destinados al equipamiento. Conocer esos datos permitiría evaluar el alcance real de la ampliación y su impacto en las personas que necesitan apoyo.

 

●Violencia familiar: más de cinco mil carpetas de investigación en nueve meses

 

La dimensión del problema también aparece en las estadísticas de violencia familiar. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas registró 5 mil 736 carpetas de investigación entre enero y septiembre de 2026.

 

Reynosa encabezó los registros con mil 445 investigaciones; Tampico reportó mil 392; Ciudad Victoria, mil 128; Matamoros, 979; Nuevo Laredo, 452, y El Mante, 340.

 

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 6 mil 293 presuntas víctimas durante el mismo periodo. Esta cifra corresponde a personas registradas y no debe confundirse con el número de carpetas abiertas por la Fiscalía.

 

Los datos de Salud también muestran la gravedad de la situación: hasta la semana epidemiológica 39 se contabilizaron 846 atenciones hospitalarias relacionadas con violencia familiar, de las cuales 793 correspondieron a mujeres y 53 a hombres.

 

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, ha señalado que ocho de cada diez personas que denuncian estos hechos son mujeres y que menos del 40 por ciento de los casos llega ante los tribunales.

 

La estadística no solamente exige más denuncias; obliga a revisar qué ocurre después de que una víctima solicita ayuda. La prevención, la protección y el acceso a la justicia deben funcionar como una ruta completa, no como esfuerzos aislados.

 

●Cynthia Jaime plantea inspeccionar negocios que descargan grasas y aceites al drenaje

 

La diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo presentó una iniciativa para exhortar a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas a reforzar las inspecciones en establecimientos comerciales que generan descargas de grasas, aceites y aguas residuales.

 

La propuesta pone especial atención en negocios dedicados a la preparación y venta de alimentos, debido a que los residuos pueden acumularse en las tuberías, provocar obstrucciones, malos olores, derrames y daños a la infraestructura sanitaria.

 

La legisladora explicó que la iniciativa retoma una petición planteada en el Consejo de Administración de COMAPA Altamira, donde ha dado seguimiento al problema en coordinación con el alcalde Armando Martínez Manríquez.

 

Entre las medidas preventivas mencionó la instalación y mantenimiento de trampas de grasa, cuando así lo establezcan las disposiciones aplicables.

 

El planteamiento apunta a un problema cotidiano que suele hacerse visible hasta que aparecen los desbordamientos o las fallas en el drenaje. Sin embargo, el exhorto todavía debe seguir su trámite legislativo. Su importancia estará en que las autoridades traduzcan la propuesta en inspecciones constantes, cumplimiento de la normatividad y resultados verificables, sin convertirla en una acción meramente declarativa.

 

●Olga Sosa y autoridades estatales dialogan con representantes religiosos

 

En el Senado de la República se realizó una reunión de trabajo entre la senadora Olga Sosa Ruiz, la directora general de Asuntos Religiosos del Gobierno de Tamaulipas, Arlet Fuentes Gallegos, y representantes de distintas comunidades religiosas con presencia en la entidad.

 

Durante el encuentro, los ministros de culto expusieron inquietudes y propuestas relacionadas con salud, educación y asesoría tributaria. Sosa Ruiz manifestó su disposición para dar seguimiento a los planteamientos y buscar las instancias institucionales que puedan atenderlos.

 

Por su parte, Fuentes Gallegos destacó la importancia de mantener canales de comunicación con las organizaciones religiosas. También se abordó la orientación y el acompañamiento que el Gobierno estatal ofrece a las asociaciones para realizar trámites de registro ante la Secretaría de Gobernación.

 

Como resultado, se planteó mantener la comunicación, celebrar nuevas reuniones e integrar una agenda de trabajo para canalizar las solicitudes.

 

La colaboración con organizaciones religiosas puede contribuir a atender necesidades comunitarias, siempre que se mantenga dentro de un marco institucional, plural y respetuoso de la libertad de creencias. La ciudadanía deberá conocer qué propuestas se concretan y cuáles son los resultados de estos acercamientos.