Nueve cuentas públicas de Tamaulipas son turnadas a instancias de justicia

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Por Jaume Osante

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Nueve cuentas públicas de Tamaulipas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 fueron turnadas a instancias de justicia, como parte del seguimiento a posibles irregularidades detectadas durante los procedimientos de fiscalización, informó el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco.

 

De acuerdo con la información publicada el 21 de octubre, los expedientes fueron remitidos a las autoridades correspondientes una vez concluida la revisión de las cuentas públicas. El funcionario señaló que el procedimiento representa un avance en el seguimiento de los resultados de auditoría, al concretarse aproximadamente diez meses después de finalizar la fiscalización del ejercicio referido.

 

Sin embargo, no se dieron a conocer los nombres de los municipios, organismos o dependencias a los que corresponden las nueve cuentas, ni los montos relacionados con las posibles irregularidades.

 

La remisión de expedientes a instancias de justicia no significa, por sí misma, que exista una sentencia condenatoria o que se haya acreditado responsabilidad penal de algún servidor público. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si los hechos ameritan procedimientos adicionales y establecer las responsabilidades que procedan.

 

También detectan posibles responsabilidades administrativas

 

Noriega Orozco informó que se determinaron posibles responsabilidades administrativas en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

 

Según lo reportado, esos asuntos son atendidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de los procedimientos integrados por la propia dependencia.

 

La información disponible no establece que estos dos organismos formen parte necesariamente de las nueve cuentas públicas remitidas a instancias de justicia. Por ello, ambos asuntos deben distinguirse hasta que la Auditoría Superior del Estado precise su relación.

 

El 78 por ciento de las cuentas tuvo resultados favorables

 

Al referirse a la primera entrega de informes de fiscalización, realizada en junio, el auditor señaló que alrededor del 78 por ciento de las cuentas públicas revisadas obtuvo resultados favorables, mientras que el resto presentó aspectos susceptibles de mejora.

 

Explicó que la evaluación no debe limitarse al número de observaciones, sino considerar su gravedad y los montos involucrados. También señaló que la Auditoría Superior del Estado toma como referencia criterios de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, particularmente en la revisión de recursos federales.

 

Las participaciones y los ingresos propios constituyen áreas de especial atención para el órgano fiscalizador estatal, de acuerdo con las declaraciones del funcionario.

 

Preparan nuevas revisiones a municipios con mayores presupuestos

 

El auditor informó que la dependencia trabaja en la segunda entrega de resultados, que contempla la revisión de municipios con presupuestos más elevados y mayores volúmenes de operación. Aclaró que su inclusión dependerá de los tiempos disponibles y de los plazos legales.

 

Las administraciones con mayor gasto requieren revisar más información financiera, por lo que el proceso puede demandar un análisis más amplio.

 

Noriega Orozco también indicó que los antecedentes de fiscalización de los últimos seis años son información pública que puede consultarse, incluso para conocer el historial de las cuentas públicas de personas interesadas en participar en procesos políticos o contender por cargos de elección popular.

 

El avance de estos expedientes será relevante para conocer si las observaciones derivan en procedimientos administrativos, denuncias penales, sanciones o, en su caso, recuperación de recursos públicos.

 

Por ahora, la principal información pendiente es la identificación de las nueve cuentas públicas, los montos involucrados y el estado procesal de cada expediente. Sin esos datos no es posible atribuir las presuntas irregularidades a municipios, dependencias o funcionarios específicos.