Madre exige despido de servidores públicos por negligencia al denunciar presunto maltrato a su hijo.
Por Omar Lara
Cd. Madero, Tamaulipas.- A casi cinco años de la muerte de su hijo, Viridiana Lizeth Llera Rodríguez exigió el despido de tres servidores públicos a quienes responsabiliza de no haber atendido oportunamente las denuncias que presentó por el presunto maltrato que sufría el menor antes de fallecer.
La madre relató que desde febrero de 2021 alertó a las autoridades sobre la situación que enfrentaba su hijo y aseguró que interpuso una denuncia el 11 de febrero de ese año; sin embargo, afirmó que su declaración fue tomada hasta el 18 de mayo, después de que un vecino la orientara para acudir a la Fiscalía en Tampico.
De acuerdo con su testimonio, inicialmente acudió a las autoridades de Ciudad Madero, donde presuntamente le indicaron que no había delito que perseguir debido a que el menor se encontraba con su padre.
Llera Rodríguez aseguró que posteriormente acudió a la Fiscalía de Tampico, donde un funcionario de la Unidad de Atención Inmediata presuntamente le dijo que presentar la denuncia era una “perdedera de tiempo” y que debía acudir al domicilio del padre del menor para solucionar el problema.
“Yo exijo que los corran, porque si no sirven, ¿para qué los quieren?, mi hijo ya no está y nadie me lo va a regresar”.
La mujer señaló que continuó insistiendo ante las autoridades para conocer el avance de su caso, pero el 13 de noviembre de 2021 recibió la noticia de que su hijo había fallecido. Según su relato, posteriormente se determinó que el menor había sufrido golpes presuntamente propinados por su madrastra, además de complicaciones que derivaron en su fallecimiento.
Tras los hechos, afirmó que emprendió acciones legales contra el Estado y que incluso participó en diligencias para identificar a los funcionarios que, según su versión, no atendieron adecuadamente sus denuncias.
Llera Rodríguez señaló que, pese al paso de los años, los servidores públicos que identifica como Enriqueta, José Ábalos Moreno y José Leonardo Frías continuarían laborando, aunque algunos habrían sido cambiados de instalaciones.
La mujer reconoció que las personas responsables de la muerte de su hijo recibieron una sentencia de 50 años de prisión, pero consideró que también debe existir una consecuencia para los funcionarios que, desde su perspectiva, no actuaron cuando ella pidió ayuda.
Llera Rodríguez también cuestionó el trato que, aseguró, reciben ciudadanos que acuden a las instituciones de procuración de justicia y demandó que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados en su caso.
La madre pidió finalmente que se esclarezca la responsabilidad administrativa de los servidores públicos señalados y que, si se acredita alguna irregularidad, sean separados de sus cargos.
