Matrimonio denuncia presuntas irregularidades en litigio por rancho de 23 hectáreas en Victoria; protesta termina con vidrio roto

Un matrimonio acusa al magistrado federal Rubén Darío Silva de favorecer a un vecino que reclama 10 hectáreas; durante la protesta, se quebró un vidrio de acceso a las oficinas del Poder Judicial de la Federación

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para denunciar presuntas irregularidades en la resolución de un litigio por un rancho familiar, Perla Olazarán Pérez y su esposo, Lauro Esteban Olmeda Villarreal, se manifestaron este jueves en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, en el Bulevar Praxedis Balboa.

La pareja acusa al magistrado federal Rubén Darío Silva de favorecer a Román Cano Cabrera, quien reclama 10 hectáreas del Rancho San Pedro de los Ruices, ubicado en las inmediaciones de Estación Santa Engracia. Los manifestantes sostienen que el predio pertenece a la familia desde hace 50 años producto de una herencia y que cuentan con escrituras y otros documentos para acreditar la propiedad.

Aunque señalaron que su protesta era pacífica, la situación se tensó cuando uno de los inconformes pateó la puerta de acceso y quebró uno de sus vidrios.

Olazarán Pérez afirmó que el conflicto comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando Cano Cabrera intentó comprarles el terreno. Tras la negativa, dijo, él presentó una demanda para reclamar parte de la propiedad. La manifestante sostuvo que el rancho tiene una extensión de 23.40 hectáreas y que las mediciones presentadas por las partes no coinciden.

“Me quiere quitar mi rancho, un rancho con escrituras, que tengo 50 años”, expresó.

Olmeda Villarreal mostró un certificado que, según explicó, fue expedido por la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y señala que la escritura presentada por la contraparte no cuenta con antecedentes registrales.

“Tenemos aquí el certificado donde la escritura de la persona de la contraparte no tiene antecedente, no tiene validez jurídica”, afirmó.

El matrimonio señaló que el litigio corresponde al amparo 125/2022. De acuerdo con su versión, una resolución previa ordenó que el caso regresara al juzgado estatal para que se emitiera una nueva sentencia; sin embargo, aseguran que después el fallo cambió en su perjuicio.

Los inconformes también cuestionaron que, pese a los documentos que dicen haber presentado, se haya ordenado entregar el terreno ubicado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Interejidal a Cano Cabrera. Olazaran Pérez acusó al magistrado de actuar en favor de la otra parte en el juicio.

“Estoy completamente segura que el señor agarró dinero. Es un centavero y se lo puedo decir en su cara”, declaró.

Durante la protesta, Olmeda Villarreal sostuvo que el fallo carece de sustento legal. “Estamos aquí para hacer pública la actuación que está teniendo, que está muy por fuera de lo que es la ley”, dijo.

Tras gritar en el acceso al Poder Judicial Federal, la pareja anunció que continuará su defensa por las vías legales y que acudirá a la Ciudad de México donde llevará a cabo un plantón para llevar su denuncia ante otras instancias. También advirtió que podría cerrar la circulación frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación.

“Ya apelamos a México, y nosotros posiblemente esta semana vayamos a hacer un plantón allá a México, no me voy a quedar callada”, dijo Olazarán Pérez para concluir.