Paro nacional de transportistas presiona al Gobierno; acuerdan mesas de diálogo, pero persisten diferencias por seguridad y estímulos fiscales.
El sector exige seguridad carretera y cambios fiscales; Gobernación pactó reuniones con organizaciones empresariales, mientras la Canacar mantuvo su movilización.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.
El paro nacional de transportistas de carga elevó la presión sobre el Gobierno federal este lunes, con movilizaciones en distintos puntos del país y exigencias relacionadas con la inseguridad en las carreteras, los costos de operación y las disposiciones fiscales previstas para 2027.
La Secretaría de Gobernación reportó por la mañana manifestaciones en 19 entidades, distribuidas en 38 puntos, con 691 vehículos y 858 participantes. Aunque la mayoría de las protestas consistía en concentraciones y circulación lenta, también se registró un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala.
Las organizaciones convocantes sostienen que los robos, las extorsiones y las agresiones contra operadores representan un problema persistente. También solicitan revisar los estímulos fiscales vinculados con el pago de peajes, así como atender las condiciones de las carreteras, los cobros de grúas y otros gastos que afectan la rentabilidad del sector.
Diferencias por los estímulos fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una parte de la inconformidad se relaciona con la modificación del límite de ingresos para acceder a un estímulo fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta parte del pago de peajes.
De acuerdo con la explicación presidencial, el límite pasaría de 300 millones a 250 millones de pesos anuales, una medida que, según el Gobierno, afectaría principalmente a alrededor de 170 empresas de mayor tamaño.
Los transportistas, por su parte, insisten en que sus demandas no se limitan al tema fiscal y reclaman medidas eficaces para proteger a los operadores y las mercancías durante los recorridos.
Gobernación abre mesas de trabajo
Durante la jornada, la Secretaría de Gobernación y representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) acordaron instalar mesas de trabajo para revisar las demandas fiscales, hacendarias, de seguridad e infraestructura carretera.
La primera reunión quedó prevista para el martes 27 de octubre a las 13:00 horas, con autoridades hacendarias. Entre los asuntos planteados figura la revisión del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por peajes.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que mantiene su participación en las protestas, no estuvo presente en ese encuentro. Por ello, el acuerdo con otras organizaciones no significa que el conflicto haya quedado resuelto ni que exista un compromiso aceptado por todos los convocantes.
Un conflicto con repercusiones económicas
Las movilizaciones pueden afectar los tiempos de traslado y las cadenas de suministro de alimentos, medicamentos, insumos industriales y otros productos. El alcance de las consecuencias dependerá de la duración de las protestas y de la respuesta de las autoridades.
El principal desafío para el Gobierno federal será traducir las mesas de diálogo en compromisos verificables, particularmente en materia de seguridad carretera, mientras las organizaciones deberán precisar sus prioridades y las condiciones para suspender las movilizaciones.
Al cierre de esta información, no se había anunciado un acuerdo general que pusiera fin al paro nacional.
